Carta abierta al congreso:
Ante la muerte de millones de abejas por asfixia ocasionada de forma premeditada al apicultor D. Jorge Navarro en el municipio de San Vitero, provincia de Zamora, la Fundación Amigos de las Abejas quiere hacer un comunicado público de condena de los hechos que no tienen ninguna justificación posible y constituyen un grave atentado contra la naturaleza y la biodiversidad.
Queremos que la sociedad tome conciencia de estos hechos y nuestros políticos adopten medidas legislativas sobre política medioambiental más coherentes con el establecimiento de colmenares trashumantes y la conservación de los recursos naturales, estableciéndose infracciones y sanciones que busquen la responsabilidad de los autores de los daños que originen.
Es sabido que algunos Ayuntamientos crean ordenanzas que restringen la normativa nacional sobre el establecimiento de asentamientos apícolas trashumantes no permitiendo el establecimiento dichos asentamientos a apicultores no locales, excluyendo del uso que por derecho de años anteriores puedan tener esos apicultores sobre los citados asentamientos.
La muerte de millones de abejas por asfixia con ánimo de echar de la zona a un apicultor trashumante supone un grave delito contra la naturaleza, las abejas son unos seres indefensos benefactores de la biodiversidad que se han masacrado por unos intereses que no deberían existir y en todo caso quien se sintiera perjudicado debería recurrir a la justicia.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que el artículo 45 de nuestra Constitución establece normas de protección de la naturaleza y del medio ambiente así como la obligatoriedad de reparar el daño causado, recurrimos a sus señorías para que se impulse una investigación, que permita esclarecer los hechos y el apicultor pueda tener una justa reparación por los daños que le han causado, pues la apicultura es su medio de vida y sustento familiar.
Al mismo tiempo solicitamos que se revise la legislación sobre la apicultura trashumante para no permitir a los ayuntamientos la posibilidad de restringir ni penalizar esta actividad ganadera milenaria que es de suma importancia para la biodiversidad de los ecosistemas, debiéndose ajustar la carga apícola del territorio por un órgano superior, pues con el pretexto de excluir a apicultores no locales puede estar desaprovechándose el potencial melífero de la zona.
Tendrían que condenarlo a pagar todo el daño causado al apicultor, y ponerle un castigo que no lo olvidara en su vida.